03. DERECHO PENAL Y SABERES PENALES.

DERECHO PENAL Y SABERES PENALES.

Atendiendo a las ideas mecanicistas sobre la realidad social propuestas por AUGUSTO COMTE, en Francia, JOHN STUART MILL, en Inglaterra, ERNEST LAAS y FRIEDRICH JODL, en Alemania y los demás filósofos positivistas, las disciplinas científicas se pueden clasificar en tres grandes grupos a saber:

En primer lugar, las ciencias causal-explicativas de la conducta humana, que son aquellas que investigan el origen del comportamiento humano, así como su desenvolvimiento natural. Se propone como paradigmas de ciencias causal-explicativas a la sociología y a la psicología.

En segundo lugar, las ciencias normativas del actuar humano son aquellas que se ocupan solamente de aquellos comportamientos que previamente han sido plasmados en normas o reglas de conducta. De estas se dice que tienen un radio de acción más estrecho que las anteriores, “toda vez que su mirada no va más allá del marco estrictamente normativo” (MOLINA. P.11).

Dicho en otras palabras, las ciencias normativas del actuar humano tienen como objeto de estudio, comportamientos o conductas que se encuentran previstas en una norma o regla de conducta. Se proponen como paradigmas de estas ciencias a la moral, la urbanidad, la etiqueta, el civismo y el derecho.

Finalmente, en tercer lugar, las ciencias aplicativas de la conducta humana, serían un conjunto de técnicas que, valiéndose del material científico aportado por las otras categorías de ciencias, enseñan la manera de responder a los interrogantes prácticos que ellas plantean. Dicho en otras palabras, a las ciencias aplicativas del actuar humano no les interesa ni el origen de la conducta ni la conducta en tanto esté regulada o reglamentada, sino que le interesa resolver algunos interrogantes prácticos que se plantean en relación con tal comportamiento. La economía, la administración de empresas y la estadística son algunos ejemplos de esta clasificación.

Podemos puntualizar diciendo que, si bien es cierto que según la naturaleza del estudio que se pretenda realizar en torno del comportamiento humano, las disciplinas científicas que de tal objeto de estudio se ocupan se pueden clasificar en ciencias causal-explicativas, normativas y aplicativas, también es cierto que esta clasificación se puede aplicar cuando el objeto de estudio sea la conducta delictual.

“Ahora bien, recordando que la escuela positiva del Derecho Penal ostenta precisamente el calificativo de “positiva” por ser heredera de la filosofía positivista, se comprende que los representantes de la escuela positiva del Derecho Penal quisieran trasladar esa clasificación de las ciencias que tenían como objeto de estudio la conducta humana, y que acaba de ser revisada, para trasladarla al campo de una específica conducta humana, a saber, la conducta humana delictual: Cuando hace su aparición, en Italia, la escuela positiva del Derecho Penal, lo que tiene acaecimiento como una derivación o fruto de la filosofía positivista en su momento pregonada por AUGUSTO COMTE, se traslada al campo de la “conducta humana delictual”, la clasificación de las ciencias que anteriormente habían diseñado los filósofos positivistas, cuando de estudiar la “conducta humana” se trataba.

En tal sentido, los representantes de la escuela positivista del derecho Penal señalaron que, en relación con una particular forma de “conducta humana”, como lo es la “conducta humana delictual”, también podía y debía hablarse de ciencias causal-explicativas, ciencias normativas y ciencias aplicativas: Así, mientras las ciencias causal-explicativas del delito se encargarán de explicar el fenómeno delictual en sus orígenes y desarrollos dentro de la sociedad, las ciencias normativas del delito se encargarían de definir lo que se entendería como delictual, adscribiendo una sanción para el evento en que se observase una de tales conductas prohibidas; a tiempo que finalmente, las ciencias aplicativas del delito indagarían por las circunstancias personales, instrumentales y temporo-espaciales bajo las cuales dicha conducta humana delictual hubiere sido observada” (MOLINA. P.12)

Así las cosas, hablamos de criminología, Derecho Penal y Criminalística, respectivamente, ciencias que, con la Política criminal, forman lo que la doctrina ha llamado el “modelo integrado de ciencia penal”. Sobre cada una de estas disciplinas nos detendremos en nuestras próximas clases.

CRIMINALISTICA.

Los avances tecnológicos de la ciencia forense en los últimos años han proporcionado instrumentos valiosos para el mejoramiento de la investigación criminal, por ello, los laboratorios de criminologías se han convertido en una extensión importante de la capacidad del investigador en una escena del crimen, cualquier objeto tangible que pueda conectar a un sospechoso con el crimen o con la escena del crimen, cualquier evidencia física encontrada en una escena del crimen ( una mancha de sangre o una huella, por ejemplo ) puede proporcionar información de gran valor en la resolución de crímenes, en el inculpamiento de los criminales, y, también, en la libertad para las personas inocentes.

Surge así la Criminalística como una ciencia empírica por excelencia, de carácter interdisciplinario, a la que algunos autores le reconocen el carácter de ciencia autónoma e independiente; otros, por su parte, la conciben como un simple conjunto o reunión de estudios heterogéneos encaminados al descubrimiento de los delincuentes y de los delitos; algunos más, la entienden como una disciplina auxiliar del derecho penal, en la medida en que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente.

Definida como el conjunto de las ciencias auxiliares del derecho penal que se ocupa del delito cometido, la técnica de su comprobación y los métodos de descubrimiento e identificación del delincuente, la Criminalística también se conoce con el nombre de “policía científica”, “técnica de la investigación criminal”, “arte de la pesquisa”.

Esta, como ya se dijo, es una ciencia empírica por excelencia, de carácter interdisciplinario que comprende en su seno la química, psicología y medicina legales, la balística, fotografía y planimetría forenses, la dactiloscopia, documentoscopia, grafología, planimetría, hematología, toxicología, pericia caligráfica, estudio de las huellas, psicología del testimonio, psiquiatría forense ... tantas y tan variadas disciplinas que puede afirmarse que no hay ciencia o disciplina técnica que en un momento dado no sea susceptible de prestar valiosos auxilios en la aplicación judicial del derecho penal.

Como el juez no puede dominar todos los conocimientos, cuando necesita de ellos ha de asesorarse del experto, quien con su peritación coadyuva en la labor de administrar justicia. La valoración racional de tales peritaciones no puede el juez declinarla ni delegarla, es por ello que nuestros abogados deben poseer una información suficiente sobre cada uno de esos temas.

Ya para finalizar, podemos decir que la Criminalística es una disciplina que reúne las ciencias y los conocimientos humanos requeridos para descubrir el cómo, el cuándo, el con qué, el porqué, el para qué de un crimen, en aras de identificar y descubrir al presunto criminal, así como poder explicar y reconstruir el crimen.

POLÍTICA CRIMINAL.

Empecemos Diciendo que la política criminal es la disciplina que se ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma más eficaz posible para que pueda cumplir con la tarea de protección de la sociedad, “es aquel aspecto del control penal que tiene relación con el poder del Estado para caracterizar un conflicto social como criminal”, como nos advierten los profesores BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZABAL LAMAREÉ (op.cit. p.29).

La política criminal, advierte PÉREZ PINZÓN en su “Diccionario de Criminología”, “es la ciencia encargada de la creación, reforma, modificación o supresión de las normas penales sobre la base de la investigación criminológica y penológica” (p.144)

Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que, en un sentido amplio, la política criminal es la política jurídica, la política estatal , en el ámbito de la justicia penal; así mismo, que, en un sentido estricto es la disciplina que se ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma más eficaz posible, para lo cual se propone algunas metas o finalidades, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: en primer lugar, analizar las causas del delito, intentando comprobar la eficacia de las sanciones penales; en segundo lugar, fijar los límites hasta donde puede el legislador extender el derecho penal, buscando coartar lo menos posible la libertad y las demás garantías individuales; en tercer lugar, discutir en torno a la redacción de los tipos penales, evitando una redacción incorrecta de ellos; y, en cuarto lugar, comprobar cómo se construye el derecho penal material, de tal manera que se pueda verificar y realizar en el proceso penal.

Es, pues, la política criminal, una disciplina valorativa, una disciplina del deber ser, con fundamento empírico, que no puede rebasar los Derechos fundamentales de las personas que, en el mundo contemporáneo, han sido elevados al rango de declaraciones paradigmáticas, hacia las cuales se supone va dirigida la lucha de la humanidad por una sociedad mejor.

VON LISZT la definió como un “conjunto sistemático de principios – garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena – según los cuales, dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y sus formas de ejecución”

Desde siempre se ha insistido que la reacción social es la respuesta, positiva o negativa, que las personas o las instituciones, oficiales o privadas, dan a un fenómeno, respuesta que puede darse desde la prevención, la profilaxis, el control o la represión. Pues bien. Si la decisión político-criminal de definir un fenómeno como criminal se plasma en las normas penales, no cave la menor duda, que en una decisión tan trascendente como esta, la política criminal queda allí reflejada.

Para finalizar nuestra exposición en torno a esta ciencia que, como ya advertíamos, forma parte del modelo integrado de ciencia penal, permítasenos hacer alusión a una idea que sobre la materia traen los dos tratadistas antes mencionados: “El carácter social del Estado no sólo lo legitima para intervenir, sino que lo obliga a intervenir en los procesos sociales en general y en la solución de los conflictos en particular. Frente a un conflicto social, el Estado Social y democrático de derecho debe antes que nada desarrollar una política social que conduzca a su prevención o solución o, en último término, pero sólo en último término, optar por definirlo como criminal. Cuando así lo hace está ejercitando entre diferentes alternativas que puedan presentarse para la solución del conflicto una opción política, que en forma específica tomará el nombre de política criminal en tanto que está referida a la criminalización del conflicto. Por eso decimos que política criminal es ejercicio de poder, de un poder que se concreta en la criminalización del conflicto de que se trate.” (BUSTOS. P.29)

DERECHO PENAL.

Del derecho penal se pueden señalar por lo menos tres acepciones: podemos hablar, en primer lugar, de derecho penal subjetivo o ius puniendi; así mismo, podemos hablar, en segundo lugar, de derecho penal objetivo o ius poenale y, en tercer lugar, podemos hablar de derecho penal en sentido científico o dogmática jurídico-penal.

Entendemos por ius puniendi la facultad o potestad que el Estado tiene para castigar el crimen, el derecho penal en sentido objetivo no es otra cosa que una potestad derivada del imperio o soberanía estatal. Por lo anteriormente dicho, es que se hace necesario el estudio de esa potestad represora del Estado, si ella es o no un derecho y en qué sentido, cuál es su fundamento y, lo que es más importante todavía, cuáles son sus límites.

El derecho penal en sentido subjetivo o ius puniendi no es otra cosa que la potestad radicada en cabeza del Estado en virtud de la cual este, revestido de su poderío e imperio, declara punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan contra la convivencia comunitaria, y les impone a título de consecuencia jurídica, una pena o medida de seguridad.

Es por lo anteriormente dicho que tenemos que concluir que el ius puniendi implica el ejercicio de la violencia institucionalizada, que implica el ejercicio por parte del Estado de la violencia legítima, ya que según el momento en que se desenvuelva el ius puniendi, puede revestir las formas de prevención, represión, control y profilaxis, como ya se explicó, e incluso puede hablarse de potestad represiva (momento legislativo), de pretensión punitiva (momento judicial) o de una facultad ejecutiva (momento penitenciario).

Habíamos dicho que la política criminal es el poder de definición de procesos sociales conflictivos como criminales y que la decisión político criminal puede concluir bien sea en el desarrollo de una política social para solucionar el conflicto o bien en la promulgación de una norma penal. Ahora bien, entendiendo la norma penal como una de las alternativas político-criminales, tenemos que concluir que con el ejercicio del ius puniendi acaba la política criminal de un Estado y empieza otro proceso de definición, el de definición del delito, del delincuente y de las consecuencias de aquel, esto es, el de definición de lo criminal.

El derecho penal, desde un punto de vista objetivo, podemos definirlo como “aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características del hecho delictivo (lo que comprende la teoría del delito) e individualiza al sujeto que lo realizó (a lo que se refiere la teoría del sujeto responsable), imponiéndole por un hecho una pena y/o una medida de seguridad (lo que abarca la teoría de la determinación de la pena).

Podemos sintetizar diciendo que el derecho penal objetivo tiene una construcción tripartita: comprende las normas jurídicas referidas al delito, al sujeto responsable de su realización y a las consecuencias del delito, esto es, a las penas y medidas de seguridad; esto ha llevado a la doctrina a sostener que la finalidad del derecho penal en sentido objetivo es sistemática, ya que con la sistematización de las reglas jurídicas se permite una interpretación coherente y racional de las normas jurídico-penales.